El día 29 de junio pasado y en el Boletín Oficial del Principado de Asturias se publicó anuncio de solicitud de licencia de apertura para instalación de estación base de telefonía móvil en Rales y en la Malatería, solicitadas ambas por la empresa FRANCE TELECOM ESPAÑA.
Los dos anuncios son iguales y el plazo para presentar las alegaciones o reclamaciones que se estimen oportunas es de 20 días, conforme el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, por lo que dicho plazo finalizaba hoy 23 de julio. Por ello, el pasado día 20 nuestro Grupo Municipal presentó escrito de alegaciones en el Ayuntamiento de Llanes.
Comenzaba nuestra alegación recordando que el día 25 de marzo de 2009 el teniente alcalde Francisco José Balmori, ante el secretario municipal, firma la concesión de la siguiente licencia de obras: “A FRANCE TELECOM ESPAÑA, MADRID, para la ampliación de una antena de telefonía móvil en Rales.” En otro acto administrativo, emite idéntica resolución para el caso de la Malatería.
El 29 de mayo, firmado y sellado por la alcaldesa, se pone un anuncio en Rales y la Malatería informando que se había solicitado por France Telecom España la instalación base de telefonía móvil y que se podía alegar en los veinte días posteriores a la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
Pero lo bochornoso, es que ya el 27 de enero se envía a la Agencia Tributaria la cantidad cobrada a France Telecom en concepto de Tasa por Licencia Urbanística notificada el 26 de noviembre de 2008.
Es decir, queda claro que France Telecom España, de Madrid, tiene ya licencia para ampliación de una antena de telefonía móvil en Rales y la Malatería antes de que se hiciera pública su solicitud.
Nuestra formación expone que, según informes sanitarios con base científica, las ondas electromagnéticas que despiden las antenas de telefonía móvil afectan a los sistemas biológicos en función de la intensidad y la frecuencia de la señal.
Organismos internacionales explican que con los niveles de radiación recomendados es suficiente para la protección de la salud de la población general ante la exposición a campos electromagnéticos débiles. Sin embargo, las personas que viven cerca de estas instalaciones las rechazan por que saben que no son buenas para su salud, por que desde que conviven con ellas han aumentado los padecimientos de dolencias graves.
Por lo tanto, se trata de instalar una actividad económica de tipo privado que es muy lícita y loable, pero necesita una licencia al ser considerada como molesta, insalubre, nociva o peligrosa.
Se intenta compartir una antena de TV, o un repetidor con las antenas para los móviles y esto en principio puede ser beneficioso por motivos de ordenación del territorio o de salud pública o medioambiental, pero no sabemos si está limitado a esta solicitud o van a poner más. La gente teme los efectos que produce la exposición continua a la acumulación de antenas en una misma torre, sobre todo si tenemos en cuenta que están a corta distancia de los pueblos, que a su alrededor existe actividad ganadera y humana, más en la Malatería por encontrarse en medio de un maizal.
Es comprensible la optimización de los recursos al compartir las instalaciones, pero no está demostrado que preserve con ello el derecho a la salud de las poblaciones que están cerca de ellas. Cabe recordar las reivindicaciones de los vecinos de Niembro que han hecho públicas y que culpan a las antenas que tienen encima de su pueblo de graves problemas de salud. Por lo tanto ya no es sólo cuestión de las distancias entre las instalaciones de torres de telefonía móvil y las poblaciones, que están establecidas por Ley, aquí hay que tener en cuenta otros aspectos más importantes, como el derecho a la salud, por ejemplo.
Dado que la información pública a la que tiene acceso el común de los vecinos y afectados es a posteriori y teniendo en cuenta también la sensibilización y opinión existente ante tales instalaciones, públicamente divulgada, de total rechazo, los vecinos no quieren las antenas de móviles ni aunque se pongan en las torres de los repetidores del Principado.
Por todo lo anterior, el PP de Llanes solicita que:
1. Se anule la licencia concedida, teniendo en cuenta principalmente el rechazo general.
2. Se proceda a confeccionar una Ordenanza Municipal que regule, dentro de las competencias municipales, estas instalaciones.
3. Se informe de la tasa que cobra el Ayuntamiento por la utilización del dominio público.
4. Se informe sobre el número de operadoras privadas que se pueden instalar en cada torre.
Para finalizar, nuestro Grupo recuerda que el Ayuntamiento es la administración más cercana que tienen los vecinos y está obligado a velar por sus intereses y a realizar todo tipo de tramitaciones con información y trasparencia. Y, en este caso, ambas poblaciones afectadas han demostrado su absoluto rechazo a este tipo de instalaciones con una masiva recogida de firmas contrarias a dichas antenas, por lo que ahora procedería que el Consistorio tuviera en cuenta el deseo de los afectados.
23/07/2009
